Desde la organización que agrupa principalmente a empresarios del rubro de la construcción apuntan a los servicios públicos, quienes “de una manera totalmente autoritaria y arbitraria” habrían dado término a las obras por incumplimiento de plazos, sin considerar el contexto de restricciones de movilidad que se vivía en esas fechas, lo que hasta el día de hoy mantendría retrasada una importante cantidad de servicios e infraestructura para la ciudadanía.
ecientemente, un grupo de pequeños y medianos contratistas acaban de formar la Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile (CONECh A.G.). El grupo tiene sus orígenes tras una situación concreta vivida durante la pandemia, donde muchas de estas empresas se vieron envueltos en una compleja situación, a partir del trato de licitaciones públicas cuyos plazos se vieron entorpecidos por el contexto de aquellos meses, con restricciones de desplazamiento y recomendaciones de las autoridades de que los trabajadores se quedaran en sus casas.
Esto provocó, según reporta esta asociación, que una gran cantidad de contratistas vieran alteradas las condiciones originales, no pudiendo materializar su contrato. Sin embargo, denuncian que el contexto no fue un elemento a considerar por parte de los organismos mandantes, provocando que estos contratos fueran terminados en forma anticipada, “de una manera totalmente autoritaria y arbitraria por “servicios públicos y una innumerable cantidad de infraestructura y servicios no estén disponible para la ciudadanía, mermando la calidad de vida de todos”, apuntan.
Interferencia conversó con Patricio Rojas, presidente de la asociación gremial y Patricio Flores, secretario de la misma entidad. Ambos expresaron su preocupación por la situación que vive el gremio, lo que los convocó a reunirse en torno a esta organización. Según expresaron en una declaración pública, “al ver que es un problemática que no solo afectó a algunos contratistas, sino que de la mayoría, un grupo de empresarios, principalmente del área de la construcción, se tomó la iniciativa de unirse para llevar este problema a otras esferas y poder buscar soluciones en las autoridades que corresponda”.
En ese sentido, la CONECh A.G. busca unir a los contratistas que, “por la falta de servicio del Estado, no pudieron terminar sus contratos y fueron víctimas de un término anticipado de contrato, los cuales en su mayoría les generaron perjuicios económicos y patrimoniales, ya que durante los últimos 2 años, cada contratista ha tratado de llevar su causa de forma independiente sin mayores resultados ya que si no judicializa su problema, no tiene como resolverlo”, explican, agregando que “no es misterio que la justicia en este país es cara y cuando llega ya es tarde”.
Términos anticipados
“Cuando un servicio público de por terminado anticipadamente un contrato, procede a no pagar, no reconocer los últimos estados de pago, no devolver dineros que son del contratista y cobra las garantías, entre otras medidas abusivas. Esta situación deja a las empresas en una situación muy vulnerable, adeudando dineros a trabajadores, proveedores, subcontratistas, entre otros, lo que lo llevar tener conflictos con todos sus colaboradores, los que en su mayoría terminan judicializados. Ante esto las empresas en su mayoría se terminan liquidando, es decir, declarándose en quiebra”, sostienen.
“Al ver que es un problemática que no solo afectó a algunos contratistas, sino que de la mayoría, un grupo de empresarios, principalmente del área de la construcción, se tomó la iniciativa de unirse para llevar este problema a otras esferas y poder buscar soluciones en las autoridades que corresponda”.
Aún así, según el organismo, “más profundo que una quiebra o mal negocio, es el impacto en la ciudadanía que tiene la inacción del sistema de compras públicas y de los funcionarios públicos. Es que la gente tiene la necesidad de los servicios o infraestructuras públicas para mejorar su calidad de vida. Por otra parte, los funcionarios públicos olvidan que la principal función del Estado es generar bienestar a la ciudadanía y que es para lo que están y todos pagamos sus sueldos”, aseveran.
Por ello, esta asociación gremial busca llevar este problema a la alta administración del país, “para buscar una compensación a las empresas y/o personas suscritas a ellas y para sensibilizar de un tema que se ha mantenido oculto por años y que la pandemia recrudeció y dejó ver como la falta de servicio del Estado, daña a empresas privada, la ciudadanía, y hace que todos los chilenos veamos mermada nuestra calidad de vida y se gaste dinero en forma ineficiente, solo por la desidia de algunos”
Junto a lo anterior, afirman que “si esta plegaria no surte el resultado esperado, la unión de los contratistas en la CONECh tendrá como objetivo hacer una demanda colectiva en contra del Estado”.
Por eso reiteran que “esta AG busca poder encontrar una solución en conjunto con el Estado para compensar el daño generado a las empresas, sus socios o avales, producto de los problemas no abordados oportunamente durante y post pandemia”.
Sobre ello, destacan que “no es menos importante buscar que dentro de esta solución se considere las reformas necesarias, para que este problemas no siga adelante y cada vez que una empresa preste servicios al Estado, no esté condenada a fracasar más temprano que tarde y se siga normalizando situaciones tan aberrantes. Por ejemplo, que por una obra deban pasar más de uno o dos contratistas, que las obras dupliquen su plazo de ejecución y prácticamente tripliquen el gasto original, entre otras situaciones”.